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El 17 de diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se instaba a la Comisión Europea a crear un mecanismo financiado por la Unión Europea para sufragar los gastos de viaje y los procedimientos de aborto de aquellas personas de los países de la UE que deseen viajar a otro Estado miembro con leyes más liberales sobre el aborto que las de su propio país.

Esta propuesta deriva de una Iniciativa Ciudadana Europea llamada «Mi voz, mi elección», apoyada por IPPF. Recogieron firmas en Europa durante 2024 y 2025.

Esta resolución del Parlamento Europeo supone una importante extralimitación de la UE, ya que no entra dentro de sus competencias intervenir en la cuestión del aborto. El aborto es una competencia nacional, que no solo entra dentro del ámbito de la salud pública, sino también, en algunos países, dentro del del derecho penal. Esta resolución socava el principio de subsidiariedad en la UE.

Si esta propuesta llegara a convertirse en ley europea, las leyes sobre el aborto más liberales de la UE se convertirían, en la práctica, en la ley de la Unión en materia de aborto, independientemente del país en el que se encontraran los ciudadanos, y esto daría lugar a un turismo abortivo financiado por la UE. En algunos Estados miembros, el aborto se permite hasta las 24 semanas e, incluso, hasta el momento del parto en determinadas circunstancias. Según esta propuesta, todos los ciudadanos de la UE tendrían acceso a él.

El aborto es una cuestión nacional, no una decisión de la Unión Europea. ¡Mantengámoslo así!

Actúa ahora pidiendo a la Comisión Europea que pare esta propuesta.

Haz clic a continuación para enviar un correo electrónico a los Comisarios de la Unión Europea. Tu mensaje se enviará a Teresa Ribera, Comisaria por España, y se enviará una copia a los Comisarios responsables de Salud, Igualdad y Derechos Sociales, así como al Presidente de la Comisión Europea.

Asunto: Respeten los Tratados. ¡Libertad para los Estados miembros!

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PARA:

Dña. Teresa Ribera. Comisaria de la UE por España

CC:

Sr. Presidente de la Comisión Europea,
Sr. Comisario de la UE para la Salud,
Sr. Comisario de la UE para la Igualdad,
Sr. Comisario de la UE para Derechos Sociales.

Estimada Sra. Comisaria, Dña. Teresa Ribera:

Le escribo como ciudadano español preocupado por la resolución adoptada por el Parlamento Europeo en diciembre de 2025 en apoyo de las propuestas relacionadas con la Iniciativa Ciudadana Europea “Mi voz, mi elección” (“My voice, my choice”), incluida la posible creación de mecanismos financiados por la UE para facilitar el acceso a los servicios de aborto a través de las fronteras entre Estados miembro.

En virtud de los actuales Tratados de la UE, la política en materia de aborto queda claramente fuera de la competencia legislativa de la Unión Europea. De conformidad con los artículos 4, apartado 2, letra k), y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la salud pública sigue siendo principalmente una responsabilidad nacional, con límites explícitos a la intervención de la UE en la organización y la prestación de servicios sanitarios. Los Tratados excluyen expresamente la armonización de las legislaciones nacionales en este ámbito.

Desde una perspectiva constitucional y democrática, la regulación del aborto está estrechamente relacionada con la identidad constitucional nacional, las tradiciones éticas y la autodeterminación democrática. Por esta razón, los Estados miembros conservan plena autoridad para determinar la situación jurídica del aborto, las condiciones en las que puede permitirse y el alcance de la financiación pública. Esta asignación de competencias refleja el principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, que es especialmente importante en ámbitos moralmente sensibles en los que no existe consenso europeo.

Si bien la iniciativa “Mi voz, mi elección” cumple los requisitos formales para ser considerada una iniciativa ciudadana europea, es importante recordar que una ICE no crea nuevas competencias de la UE; no obliga a la Comisión a proponer legislación; y sólo exige a la Comisión que examine la iniciativa y dé una respuesta motivada. La existencia de otras iniciativas ciudadanas, como “One of Us” (que, por cierto, reunió un mayor número de firmas verificadas), demuestra que ciertamente no existe consenso entre los ciudadanos de la UE sobre esta cuestión.

La resolución del Parlamento Europeo adoptada en diciembre de 2025 es una declaración política y no tiene fuerza jurídica vinculante. No obstante, enmarcar el acceso al aborto como un derecho a nivel de la UE o proponer mecanismos financiados por la UE que faciliten los abortos transfronterizos corre el riesgo de difuminar los límites de la competencia de la UE y socavar indirectamente las leyes nacionales adoptadas mediante procesos democráticos. Este enfoque también corre el riesgo de comprometer la neutralidad institucional de la UE en cuestiones de profundo desacuerdo moral.

Por lo tanto, insto respetuosamente a la Comisión Europea a que respete los Tratados, respete el principio de subsidiariedad y se abstenga de presentar cualquier propuesta que amplíe la participación de la UE en ámbitos de la asistencia sanitaria, el aborto y la ética médica, que siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros.

Atentamente,

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Teresa Ribera

Executive Vice-President for Clean, Just and Competitive Transition